Que el proceso de aprobación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación era un proceso largo y que depende en exclusiva del Gobierno ya se sabía desde el minuto uno.
De igual manera, pese a que el trámite pueda parecer puramente administrativo, también es evidente que la situación política no acompaña, aunque, al mismo tiempo, los sindicatos también son conscientes de su ascendente en esta coyuntura.
Con todo ello, Comisiones Obreras ha llamado esta semana a "una gran movilización nacional para febrero de 2026 con un mensaje claro: o hay coeficientes, o habrá conflicto".
La central sindical argumenta que "cumplimos nuestra parte registrando la solicitud en octubre, pero no vamos a permitir que el BOE se convierta en una vía muerta. El plazo de seis meses que tiene la Seguridad Social no puede ser una excusa para la inacción política".
El sindicato asegura que "la Seguridad Social tiene un plazo legal de seis meses para responder. Pero desde el Sector Estatal de Carretera y Logística de Comisiones Obreras tenemos claro que no vamos a permitir que este derecho se pierda en los cajones de un despacho. El procedimiento actual no es una negociación, es un trámite administrativo frío que depende de informes sobre siniestralidad, penosidad y mortalidad".
A juiciio de Comisiones Obreras achaca la lentitud de esta tramitación a "que sin voluntad política real por parte del Gobierno, esos informes pueden ser ignorados o minimizados",
Por ello, los representantes de la organización sindical afirman que "no nos fiamos de los tiempos muertos ni de las promesas de despacho. Nos negamos a volver a la casilla de salida".
Así pues, Comisiones Obreras se ha propuesto "presionar para que la resolución administrativa sea favorable y rápida", para concluir que "si ellos juegan con los tiempos, nosotros tomaremos las calles".
