El Reino Unido ha empezado a aplicar nuevos controles a algunas importaciones procedentes de la UE, como última medida de una serie gradual de nuevas normativas a aplicar en el marco de la salida del país del mercado único europeo tras el Brexit. Desde el 30 de abril, los funcionarios de aduanas comprueban los documentos en la frontera y realizan inspecciones físicas de los envíos de determinados productos alimenticios, animales y vegetales, con excepción de los procedentes de la República de Irlanda.
Según el Gobierno británico, estas normas ayudarán a garantizar la bioseguridad del Reino Unido, pero los comerciantes ya han advertido de que la burocracia adicional que llevarán aparejadas estos nuevos controles provocará retrasos en las aduanas e importantes costes adicionales.
Hasta el 30 de abril, sólo estaban sujetas a controles las mercancías de mayor riesgo que entraban en el Reino Unido procedentes de la UE, aunque en enero se introdujo la documentación de certificados sanitarios para mercancías de la UE, entre ellas flores cortadas y productos frescos como carne, frutas y verduras.
Sin embargo, estos controles se extienden ahora a los artículos considerados de riesgo medio. Entre los controles se incluyen pruebas para detectar plagas y enfermedades que puedan afectar al medio ambiente o a la seguridad alimentaria, y que implican inspecciones visuales y lecturas de la temperatura de las mercancías.
Importantes costes adicionales
Aunque al principio sólo se examina una pequeña parte de los envíos que entran en el Reino Unido, se espera que aumente a medida que los comerciantes se acostumbren a las normas.
En opinión de la ministra de la Oficina del Gabinete, Neville-Rolfe, "es esencial que introduzcamos estos controles globales basados en el riesgo para mejorar la bioseguridad del Reino Unido. No podemos seguir con medidas temporales que dejan al Reino Unido expuesto a las amenazas de enfermedades y podrían causar daños considerables a nuestros medios de vida, nuestra economía y nuestra industria agraria."
Sin embargo, los importadores han advertido de importantes costes adicionales como consecuencia de las nuevas normas. Las propias cifras del gobierno británico estiman que, con las empresas obligadas a pagar 29 libras por categoría, hasta un máximo de 145 libras por envío, esto costará a las empresas británicas alrededor de 330 millones de libras al año.
