Fegatramer ha tomado la decisión la semana pasada de "iniciar todo tipo de acciones para poner fin al abuso que supone, para los transportistas de Galicia y para todos los ciudadanos gallegos el mantenimiento de los abusivos peajes en la AP-9", según anuncia en un comunicado.
Así pues, como primera medida, la federación gallega ha encomendado al bufete de abogados Gándara Moure "ejercitar ante el Tribunal Supremo las acciones que procedan de inmediato para solicitar la declaración de nulidad de las dos prórrogas concedidas a Audasa".
A juicio de la organización empresarial, "estas dos prórrogas de la concesión de la AP-9, concedidas por el Estado español, además de incumplir con el ordenamiento vigente en materia de contratación pública, pues en ambas se obvió el necesario procedimiento de licitación (siendo modificaciones sustanciales de estas) y se omitió la obligada publicidad (anuncio en el DOUE) y licitación en su venta, su motivación resulta cuando menos sonrojante, pues, la primera, respondió a las necesidades de Aidasa, derivadas del retraso en la puesta en servicio de la AP-9 (primando así, en vez de penalizar, el incumplimiento de plazos de esta empresa, a la sazón pública) y la segunda, sirvió para que el Estado inflase su valor e ingresase mil millones de euros más por la venta de las acciones de Audasa; cargándolos sobre las espaldas de los usuarios de la AP-9 y a la vez posibilitar que en estos 25 años aquella amortizase los 963 millones pendientes y estos mil más, es decir, 1.963 millones de euros que deberán de pagar los usuarios".
Fegatramer califica la situación de "verdadero fraude de Ley, un buen negocio para la Administración y para Audasa, pero ruinoso para los transportistas, los usuarios de la A-9 y en definitiva para Galicia".
De igual manera, la federación asegura que "los transportistas gallegos, y en especial los propietarios de los más de dos mil camiones que cada día surcan la AP-9 están hartos de esperar", por lo que, a su juicio, "procede actuar para dejar de pagar estos peajes ilegales y abusivos y recuperar lo pagado a un contratista, Audasa, cuyo contrato para cobrarlos resulta nulo de pleno derecho".
La Xunta de Galicia ha cifrado este rescate entre 1.612 y 2.355 millones de euros.
