La Xunta de Galicia volverá exigir al Gobierno central el expediente abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la AP-9 y advierte de que si no hay respuesta, acudirá a la vía judicial. Así se ha expresado recientemente la consejera de Vivienda y Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, que ha asegurado que aunque este expediente se instruye desde hace seis años, no saben nada al respecto.
Allegue ha comparecido junto al director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, la directora general de Movilidad, Judit Fontela y representantes de la Federación Gallega de Transportes de Viajeros, la Federación Gallega de Transportes de Mercancías y la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera.
En su opinión, la solución sobre la gestión de la AP-9 pasa por el rescate de la concesión y la eliminación de peajes en la autopista, que vertebra el 60% del territorio gallego, con una media de 26.000 vehículos diarios, que en algunos tramos llega a 60.000. Así, ha criticado lo que considera una falta de transpartencia por parte del Gobierno tras el dictamen de la Comisión Europea sobre las irregularidades de las prórrogas de la concesión.
En esta línea, la Xunta tiene previsto dirigirse a los gobiernos autonómicos de Asturias y Castilla y León para estudiar la coordinación de acciones conjuntas para reclamar la liberalización de los peajes. Además, afirma haber solicitado una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, hasta en cinco ocasiones, para presentarle el estudio elaborado hace un año por la Xunta sobre el coste del rescate y la transferencia.
El citado estudio, que estimaba el coste del rescate en 2.331 millones, ha sido actualizado en agosto, elevando esta cuantía hasta los 2.356 millones. El informe establece que la gestión de la autopista por parte del Estado en los últimos años ha sido perjudicial para el interés general, y especialmente para Galicia, con una "subida desmesurada de las tarifas" para los usuarios en los últimos años y un "enriquecimiento progresivo de la concesionaria".
En concreto, los ingresos por peajes se han incrementado en un 39,7% entre 2021 y 2024, lo que ha supuesto un aumento del resultado de la concesionaria de un 78,1% en ese período. En este sentido, a pesar de las bonificaciones implantadas, “que suponen un inmenso gasto público” según la Xunta, el coste medio por kilómetro para el usuario sigue siendo el mayor de todo el territorio.
Desde la Agencia Gallega de Infraestructuras, también apuntan que el rescate de la concesión y la eliminación de los peajes implicará beneficios ambientales, de seguridad vial, de calidad de vida, de ahorro de tiempo y de competitividad, que pueden ser cuantificados económicamente.
