La Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Anfac, ha vuelto a incidir en la importancia de poner en marcha el Plan España Auto 2030, que permitirá reforzar la competitividad del sector de la automoción y asegurar el liderazgo industrial de España en el contexto de la electrificación, además de anticipar la transformación tecnológica de toda la cadena de valor y consolidar la automoción como un pilar de crecimiento económico, innovación y empleo.
Concebido como un proyecto integral para el período 2026-2030, movilizará 6.000 millones de euros de inversión pública, a los que se espera sumar cerca de 40.000 millones de inversión privada, orientados al desarrollo completo de la cadena de valor del vehículo electrificado. Para ello, se prevé poner en marcha tanto medidas de oferta e industria, como actuaciones dirigidas al mercado y la distribución, para garantizar una transición equilibrada, competitiva y sostenible.

El presidente de Anfac, Josep María Recasens, considera que "España se enfrenta al mayor reto industrial de los últimos cincuenta años", pues el sector compite con países que llevan años preparando su transición tecnológica y que van por delante. Es por ello que el plan propone un marco estable, predecible y ambicioso que da seguridad a las inversiones, y permite preparar a las fábricas para las nuevas capacidades industriales.
¿Cuáles son las medidas estrella?
El Plan se articula en torno a 25 medidas prioritarias agrupadas en los ejes de industria, mercado e innovación, siempre enfocadas en que España mantenga su posición como segundo fabricante europeo de automóviles, y mantenga la relevancia de su parque nacional de proveedores de componentes. En el marco de este plan, el sector establece 5+1 medidas estrella:
1. Programa de Crecimiento y Autonomía Estratégica de Automoción: dirigido a transformar, innovar y promover la circularidad en toda la cadena de suministro, el programa busca desarrollar proyectos vinculados al vehículo electrificado, impulsar la fabricación y escalado de nuevos componentes dentro del ecosistema de proveedores, y desplegar la cadena de suministro de baterías, considerada clave para competir en la nueva movilidad eléctrica. Además, propone consolidar un marco regulatorio favorable, que mantenga la figura de los Perte como instrumento impulsor de la industria.
2. Plan Innovemos: enfocado en el I+D+i y el emprendimiento, su objetivo es reforzar la innovación colaborativa en tecnologías de nueva generación, mediante un marco regulatorio que acelere los proyectos de baterías de alto rendimiento, de componentes eléctricos y electrónicos, y del vehículo autónomo y conectado.
3. Sello “Inversiones bien hechas en España”: se propone la creación de un distintivo para atraer inversión extranjera de calidad, pensando siempre en favorecer que se integren en el ecosistema, aporten valor y colaboren con los agentes públicos y privados españoles.
4. Impulso al mercado del vehículo electrificado: el plan apuesta por mantener y actualizar los programas de ayudas a la compra, reforzando su eficacia mediante una tramitación más ágil, la eliminación de cargas burocráticas y la aceleración del cobro. También se estudiarán nuevas medidas fiscales que favorezcan la adquisición de vehículos electrificados, tanto ligeros como pesados, así como la renovación de flotas privadas y públicas.
5. Plan Nacional de Infraestructura de Recarga: en este punto, se plantea un despliegue coordinado entre las Comunidades Autónomas y los agentes del sector, con objetivos anuales fijados a nivel nacional, autonómico y provincial. Se reforzarán asimismo las competencias del Grupo de Trabajo de Infraestructura de Recarga para el Vehículo Eléctrico.
5+1. Competitividad industrial: La medida adicional reúne actuaciones destinadas a fortalecer la competitividad de la industria, como nuevos programas de talento centrados en el vehículo del futuro, mejora de la productividad laboral, y costes energéticos atractivos.
Conviene señalar que el Plan asigna gran relevancia a la puesta en marcha de un modelo de gobernanza y mecanismo de seguimiento del mismo, como garante de su continuidad y dinamismo con la colaboración de todos los agentes implicados públicos y privados. Para ello, incluye un detallado Comité de Ejecución; compuesto por un plenario, una comisión ejecutiva, la mesa territorial y diferentes grupos de trabajo.