Las autoridades belgas han iniciado una “caza ilegal” de camiones procediendo a su detención en ruta, basándose en una “presunta” falta de pago de peajes del impuesto belga que entró en vigor el pasado mes de abril, según señalan desde Fenadismer.
Desde la Federación aseguran que las "numerosísimas" incidencias técnicas detectadas en los aparatos de control OBU que los camiones deben llevar instalados, junto a los errores en la gestión y cobro de la tasa kilométrica establecida, están ocasionando problemas a más de 2.000 transportistas,
"Lejos de minimizar estos problemas", señalan los transportistas, la administración ha iniciado esta "caza ilegal", ya que a los transportistas titulares de dichos vehículos no se les había notificado previamente la existencia del presunto impago o, "lo que es más preocupante", las empresas gestoras del nuevo sistema de peaje han corroborado la inexistencia del impago.
[sumario]La actuación que han llevado a cabo los agentes de control ha sido considerada como de “abuso de poder” por vulneración de la legalidad vigente.[/sumario]
Según la información facilitada por los servicios jurídicos de la asociación belga confederada UPTR, la legislación de dicho país exige previamente a la posible detención de un vehículo en carretera que la Administración Tributaria dicte un título ejecutivo por impago de los peajes, que debe ser notificado al transportista para poder alegar lo que proceda.
Por ello, la actuación que han llevado a cabo los agentes de control ha sido considerada como de “abuso de poder” por vulneración de la legalidad vigente, lo que ha obligado a liberar los camiones retenidos. En este sentido, los tribunales de Justicia belgas han fallado en contra de dichas actuaciones, por considerarlas arbitrarias y desproporcionadas.
Por otra parte, desde Fenadismer consideran injusto el régimen sancionador establecido en relación al nuevo sistema belga de peajes, que sólo prevé una única cuantía de 1.000 euros de multa, cualquiera que sea la infracción cometida, sin distinguir si se trata de un mero error administrativo o informático o por el contrario se trata de una actuación intencionada.