terminal Best con playa contenedores en puerto Barcelona

En las infraestructuras marítimas del Mediterráneo, se restringirá el acceso a los buques más contaminantes.

La Generalitat de Cataluña apoyará la declaración del Mediterráneo como Zona Especial de Bajas Emisiones, ECA, por parte de la Organización Marítima Internacional, OMI, en virtud del Convenio Internacional para prevenir la contaminación de los Buques, Marpol.

En el departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad, defienden la conveniencia de aplicar esta medida para reducir la contaminación atmosférica de las embarcaciones. De esta manera, las infraestructuras marítimas del Mediterráneo restringirán el acceso a los buques más contaminantes para mejorar la calidad del aire en los núcleos portuarios, como ya está pasando con las ECA del Báltico y el mar del Norte.

En estas zonas, los buques que superan los niveles máximos autorizados de óxidos de azufre tienen la entrada vetada, con lo que la contaminación se ha reducido de forma ostensible, tal y como se ha explicado en la primera reunión de la Comisión de Evaluación del acuerdo para la mejora de la calidad del aire en Barcelona.

Reducir las emisiones del tránsito viario 

En la ciudad condal, la mayor parte de la contaminación del área metropolitana procede del tránsito viario, responsable del 51% de las emisiones de dióxido de nitrógeno y del 53% de las partículas PM10. Es por ello que la Generalitat se ha propuesto reducir un 30% las emisiones en un plazo de 15 años.

En marzo de 2019, se realizará un seguimiento de las acciones y medidas puestas en marcha, como la prohibición de la circulación a los vehículos menos limpios en momentos de alta contaminación, un extremo al que aún no se ha llegado pero que está a punto de implementarse en el área central de la ciudad.

Por otro lado, el departamento de Territorio y Sostenibilidad pretende aplicar en esta legislatura la viñeta para reemplazar los peajes y ha pedido apoyo al Estado para su uso en vías de alta capacidad. Esto supondrá un ahorro de 6.700 millones de euros en 10 años, que se destinarán a mejorar las infraestructuras de la red, además de renovar las flotas públicas y privadas.