El gobierno murciano rechaza los peajes en autovías propuestos por el Gobierno central

Según el Ejecutivo regional este proyecto “lastraría la competitividad de las empresas de la Región de Murcia en un momento económico tan delicado como el actual”.

Viernes, 22/04/2022 por CdS

El Gobierno valora la implantación del sistema de pago por uso en vías de alta capacidad.

El Gobierno de Murcia rechaza la imposición de sistemas de pago por el uso de las carreteras propuesta por la Administración  central.

A juicio de las autoridades autonómicas murcianas, este proyecto “lastraría la competitividad de las empresas de la Región de Murcia en un momento económico tan delicado como el actual.

En este mismo sentido, según el Ejecutivo regional la propuesta de peajes, que ue afectará en la región a 26.385 camiones y a 6.800 empresas y autónomos del transporte por carretera de la comunidad, “carece de criterios de carácter social y económico para su determinación” .

Consecuentemente, el Gobierno murciano tiene previsto presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Precisamente, a primeros del pasado mes de marzo, el Ejecutivo central anunciaba su renuncia a realizar una propuesta inicial de aprobar el pago por uso en las carreteras españolas en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que finalmente se limita a incluir su voluntad de llevar a cabo un estudio sobre diferentes alternativas para la financiación de la red de alta capacidad.

Así mismo, en los primeros días de marzo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha llevado el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible al Consejo de Ministros para su toma en consideración en primera lectura.

Este trámite marca el inicio de la tramitación del texto articulado con la apertura, en las próximas semanas, del trámite de audiencia e información pública para que los ciudadanos y agentes interesados puedan consultarla y, en su caso, realizar aportaciones.

También se solicitarán los informes preceptivos y demás procedimientos previos para la elaboración del texto final, que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales como proyecto de Ley.