Desde la Asociación de Empresas del Gran Consumo, AECOC, se ha solicitado al Ministerio de Fomento la aprobación del aumento de las capacidades de carga en los vehículos industriales destinados al transporte de mercancías por carretera.
Concretamente, desde la asociación solicitan la entrada en circulación de vehículos de 44 tn en España, así como la de los megacamiones de 25,25 m en configuración modular y con masa máxima de hasta 60 tn.
Del mismo modo, desde AECOC se considera también conveniente aprobar una altura máxima de los vehículos de 4,5 m, sin restricciones sobre el tipo de vehículo a emplear.
En definitiva, el sector del Gran Consumo defiende que la nueva normativa de pesos y dimensiones, debatida durante los últimos meses en el seno del sector y de los organismos públicos que la impulsan, contribuiría a la mejora competitiva de las empresas. En la misma línea, afirma que no hacerlo restaría competitividad a la economía española.
Informes que avalan la propuesta
Desde AECOC afirman disponer de informes que "confirman" que la aprobación de este tipo de medidas permite mejorar la productividad de las toneladas-kilómetro transportadas, así como de encuestas entre sus asociados que confirman el apoyo con que este tipo de iniciativas contarían por parte de la mayoría del sector.
Concretamente, el 90% de los transportistas asistentes al último foro de transporte de la asociación se mostraron a favor de la aprobación en España del tren de carretera de 25,25 m por corredores especiales, siempre que se pague más por transportar 60 tn que 40 o 44 tn.
Además, y en relación a las 44 tn, el 80% de ellos se mostró convencido de que sería bueno porque "nos haría ganar en competitividad" y el 72% cree que "ahora es el momento" de implantarlo en España. Por su parte, un 13% considera que hay que esperar a que Bruselas armonice.
La opinión del Gran Consumo
Según defienden desde AECOC, España "está desalentando la innovación en transporte por carretera", y anteponiendo un "criterio uniformizador para todas las empresas" que no es positivo ni para los usuarios de transporte ni para las empresas transportistas.
Aunque disponer de un marco normativo europeo es bueno en la medida en que favorece un transporte entre países sin barreras, señalan desde la asociación, "esto no debe ser un freno para implantar medidas beneficiosas en el ámbito nacional", pues es en este en el que las compañías desarrollan más del 80% de su actividad.
La situación actual "es una desventaja competitiva para España", que ya está viendo como otros países que ya disponen de estas medidas implantadas "están siendo favorecidos" en cuanto a localización de las plantas productivas o de la producción.
Ahorros económicos probados
AECOC fundamenta sus peticiones en estudios que confirman los beneficios que, tanto en términos económicos como medioambientales, aportaría un aumento de las capacidades de carga.
En este sentido, el estudio 'Evaluación de la introducción de las 44 toneladas en España', elaborado por la Universidad Politécnica de Cataluña, señala que la introducción de las 44 tn permitiría ahorrar 350 millones de euros al año y reducir anualmente las emisiones de C02 entre 105.249 y 129.000 t/año.
A estos datos, el sector ha de sumar la reducción de 91 millones de euros anuales en costes externos y el menor impacto en las infraestructuras.
Asimismo, desde AECOC consideran conveniente que la aprobación de la altura máxima de 4,5 m se pueda llevar a cabo con carácter generar y sin discriminar a ningún tipo de vehículo.
En este sentido, señalan que esta altura máxima está autorizada en sectores como automoción o transporte intermodal, por lo que parece razonable admitir las mismas condiciones para un sector como el del gran consumo, que representa el 70% de las operaciones de transporte de mercancías de carga completa.
Y es que la exigencia de emplear vehículos adaptables en altura "deja fuera a una gran cantidad de empresas" y, como consecuencia de ello, "limita enormemente" el impacto sobre la mejora competitiva de la aplicación de esta medida.
Todas estas peticiones han sido trasladadas al Ministerio de Fomento, a fin de que las incluya en la modificación del anexo IX del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre y en la que actualmente trabaja la Dirección General de Transporte Terrestre.