Aunque el transporte y distribución de mercancías no ha parado totalmente su actividad durante el período de confinamiento, una parte importante ha dejado de funcionar y se han puesto de relieve los diversos problemas que sufre el sector, que emplea directamente a 900.000 personas en España.

Ahora, mientras acomete un reinicio pausado de su trabajo, es importante tener en cuenta la seguridad de todos los trabajadores, que deben disponer de los Equipos de Protección Individual necesarios. Del mismo modo, deben eliminarse las prácticas operativas que incrementan de forma exponencial el riesgo de expansión de la pandemia, especialmente en el caso de los conductores que participan en la carga y descarga, el intercambio de embalajes y paletas.

En el aspecto operativo, tal y como explican desde el Think Tank Movilidad de la Fundación Corell, se ha comprobado durante el estado de alarma que las limitaciones y rigideces en cuanto a los horarios de actividad merman la salud de los conductores y su eficiencia, por lo que es preciso apostar por un modelo más flexible.

Asimismo, los desequilibrios de tráfico han incrementado de forma sustancial los recorridos de retorno sin carga de las flotas, con la consiguiente entrada en pérdidas de la actividad. En el ámbito de las infraestructuras, se ha puesto de relieve la falta de áreas específicamente dedicadas a atender al transporte profesional.

Por otro lado, han surgido numerosas iniciativas como consecuencia del aumento del e-commerce de operadores que «aprovechando vacíos legales o en contra incluso de normas existentes, efectúan tareas que no les corresponden, con graves perjuicios para los operadores autorizados«. En cualquier caso, el cambio de hábitos de consumo ha reforzado los servicios “puerta a puerta”, lo que exige adecuar normativas e infraestructuras municipales.

Propuestas

El Think Tank Movilidad, que recuerda que en la anterior crisis económica, el sector del transporte por carretera perdió más de 40.000 empresas y 200.000 empleos, pide a la Administración que inicie urgentemente los trabajos con representantes cualificados del sector para actualizar, elaborar y emprender acciones normativas.

En este sentido, cree que es necesario prolongar la flexibilidad en cuanto a tiempos de conducción y descanso durante el periodo que sea necesario, así como facilitar la adecuación de las plantillas a los niveles reales de trabajo y clarificar las relaciones de las empresas de transporte con cargadores y destinatarios, atribuyendo a cada uno las tareas que le correspondan.

Otra de sus reivindicaciones se centra en la inversión en áreas de servicio suficientes y bien dotadas, para el descanso e higiene de los conductores, transformando por ejemplo las áreas de espera que se habilitan en caso de nevadas o las fechas de salidas vacacionales.

En cuanto a las administraciones, el objetivo es que se cumpla la normativa sobre pagos a proveedores y reducir el periodo medio de cobro, lo que pueda ayudar a salvar a muchas empresas. Por último, desde la Fundación han pedido que se apliquen ayudas de política fiscal y monetaria para la reducción de la carga impositiva al sector.