Los países periféricos, como España, reclaman el derecho a la vuelta a casa.
Los países centrales europeos quieren cambiar el modelo actual del transporte con una nueva normativa social a nivel comunitario que incluya medidas restrictivas y proteccionistas, una posición que no comparten en los países periféricos, como España, donde abogan por la flexibilización para que los conductores puedan realizar sus descansos en casa.
Así se ha puesto de manifiesto en la última jornada organizada por la Fundación Corell, en la que se ha abordado la lucha de intereses entre países como Francia, Alemania y Austria, y otros localizados en la periferia europea, tanto hacia el sur como hacia el este.
Entre 2013 y 2014, los países centrales comenzaron una ofensiva contra la legislación actual, estableciendo condiciones para penalizar los descansos en cabina e incrementar los requisitos documentales, lo cual perjudica a los del sur y el este, que plantean una normativa que no discrimine a los trabajadores y que defienda su derecho a la vuelta a casa.
También reclaman que sean las autoridades y operadores los que asuman la carga documental y burocrática. En esta línea, plantean un cabotaje controlado con nuevos métodos de comunicación entre países para que el conductor no tenga que circular con toda la documentación encima.
Diferencias de regulación entre países
Por otra parte, se ha debatido sobre las múltiples tareas que realizan los conductores, que a su función habitual de conducción deben añadir normalmente otras como la carga y descarga, el control de temperaturas o los intercambios de palets, lo que genera una mayor diferencia de costes entre países, al no regularse del mismo modo.
Desde la Fundación, se ha incidido en que debería prohibirse a nivel europeo la carga y descarga de los conductores en lotes superiores a más de 3,5 toneladas y el intercambio de palets, así como regular la horas de espera, ya que "no es admisible que se use al conductor como mozo de carga y al camión como almacén".
Esos trabajos y esos tiempos deben tenerse en cuenta y el no haberlos consensuado supone "un evidente factor grave de distorsión de la competencia", que aumenta las diferencias entre las empresas cumplidoras y las que no lo son, entre países de la Unión Europea que lo registran y controlan y los que no lo verifican.
Todo esto genera ventajas "inadmisibles" para los operadores de territorios con salarios y cotizaciones de bajo coste, y hace imposible la viabilidad de las empresas que respetan la normativa.