España es el tercer país con mayor morosidad de la Unión Europea, por detrás de Grecia e Italia, con 99 días de media de retraso en los pagos por los servicios prestados, lo que supone una deuda comercial actual de 334.586 millones de euros y para las empresas un coste de financiación de hasta un 167% superior.
Estos son algunos de los datos recogidos en la II Cumbre Político-Empresarial, organizada por Fenadismer e inaugurada por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, en la que se ha analizado y debatido sobre la actual situación de los plazos de pago en nuestro país y dentro del contexto europeo.
Durante la sesión, también se ha destacado que, tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, se ha establecido un plazo "normalizado" de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, e incorporado una norma que prohíbe que el plazo de pagopactado entre las partes, supere los 60 días naturales.
Sin embargo, según Fenadismer, la falta de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de dicha prohibición permite, de hecho, la carencia de efecto real de la norma, provocando una mayor tensión en las relaciones comerciales.
Por todo ello, las organizaciones que componen la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad han exigido a los grupos parlamentarios, el establecimiento de un régimen sancionador, tomando como referencia el existente en los países del sector. En Francia, está siendo modificado para incrementar la cuantía de las sanciones, hasta los 350.000 euros en caso de incumplimiento, controlado mediante la dedicación de un cuerpo de 120 inspectores especializados en la lucha contra la morosidad.
Unanimidad en la necesidad de un sistema sancionador
Durante la intervención de los grupos parlamentarios, los portavoces de los diferentes partidos políticos como Vicente Martínez-Pujalte, por el Partido Popular, y Valeriano Gómez, por el Partido Socialista, han manifestado la necesidad de adoptar medidas contra la morosidad actual, comprometiéndose de forma unánime, a promover una reforma legal para introducir un régimen sancionador que disuada de las actuales prácticas abusivas en materia de pagos.
El secretario de estado de Hacienda, Antonio Beteta, ha insistido en la necesidad de que se lleve a cabo un cambio cultural en la sociedad española en relación a la morosidad, para lo que las administraciones públicas deben dar ejemplo eliminando los actuales niveles de déficit que mantienen
Por su parte, el director general de Industria y Empresa de la Comisión Europea, Daniel Calleja, ha recordado que la morosidad ha llevado a la quiebra en Europa a un 25% de las empresas, y en España a un 33% de las empresas, y la destrucción de más de 450.000 empleos.
Por todo ello, la Comisión Europea ha priorizado luchar contra la actual situación de morosidad y llevar a cabo medidas de control, ya que permitiría inyectar más de 180.000 millones de euros en la economía europea.