En los primeros meses de 2019 se han empezado a multiplicar las reclamaciones de los transportistas de diferentes regiones ante diversos Tribunales por el impacto del cártel de camiones, tras las primeras sentencias que ya se fueron conociendo en el último trimestre de 2018.

Para todas ellas se entreven largos procedimientos judiciales con más que previsibiles recursos cuyos resultados dependerán de manera casi exclusiva en la capacidad que tengan los peritos de parte para probar de una manera fidedigna y adecuada a cada caso el daño causado a las cuentas de las empresas de transporte, sin incurrir en cálculos generales o basados en datos que no son aplicables al sector.

Aprovechando el galimatías jurídico que implica el recurso a la Justicia con sus gastos correspondientes y las a veces precarias economías de muchos transportistas litigantes, diferentes fondos de inversión actúan para hacerse con las reclamaciones de las empresas de transporte.

Para ello, se acuerda un precio a cambio de renunciar a la demanda y, a partir de ese momento, el fondo comprador sigue el procedimiento que estime oportuno a través de los Tribunales correspondientes o por medio de algún acuerdo extrajudicial que le permita rentabilizar la operación, según ha publicado ABC esta semana.