Justo el mismo día que el Comité Nacional convoca un paro nacional del transporte para los días 20, 21 y 22 de diciembre, el Gobierno da cuenta de la la aprobación definitiva por la Comisión Europea de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación.

Este documento técnico contiene los compromisos de reformas propuestos por el Ejecutivo español y determina un calendario para la implantación de cada una de ellas, así como de la rendición de cuentas de las autoridades del país ante la Comisión para el seguimiento de la correcta evolución del Plan de Recuperación.

Entre esas medidas se encuentra la aprobación de la futura Ley de Movilidad y de Financiación del Transporte, que tendrá que haberse remitido a la Comisión con especificación concreta de la entrada en vigor de todos sus aspectos para el último trimestre de 2023.

Esta norma regulará, entre otras precisiones, según puede leerse en inglés en la documentación técnia oficial de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación, «el establecimiento de un sistema de financiación para el mantenimiento de las infraestructuras públicas que internalice los costes medioambientales».

En definitiva, el fraseo vuelve a hacer referencia al sistema de pago por uso, o si se quiere más llanamente, a los peajes para las autovías del país, precisamente uno de los puntos que más ha provocado el resquemor del transporte.

El Gobierno sigue así dando pasos en firme para implantar un pago que perjudicará especialmente a los usuarios intensivos de la red viaria española, mientras los mantiene en la más absoluta oscuridad de cómo se planteará el sistema y en qué medida les afectará y, al tiempo, va filtrando características del sistema.

 

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