La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, PMcM, de la que forma parte Fenadismer, ha solicitado a las fuerzas políticas que incluyan en sus programas electorales la aprobación de la Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad.

Desde PMcM han lamentado que la legislatura finalice sin la aprobación de la normativa, debido a la «presión de sectores económicos y políticos«, lo que hará que las pymes y autónomos sigan soportando «insostenibles plazos» para el cobro de sus facturas. Además, instan al Gobierno a aprobar un Real Decreto que demuestre su compromiso con esta situación.

Todas las empresas están obligadas a informar de sus periodos medios de pago a proveedores en sus cuentas anuales, pero existe un desfase entre el plazo en el que dicen que pagan y en el que realmente lo hacen.

El Banco de España asegura que el 56,5% de las empresas pagan dentro del plazo legal, pero los datos declarados por ellas lo elevan al 77,6%, lo cual se debe principalmente a que no se considera al ‘confirming‘ como una deuda pendiente.

Podría corregirse si el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas incluyera en su método la fórmula clásica de contabilización de facturas, que tendría en cuenta todas las pendientes, ofreciendo un resultado más aproximado al real.

Los plazos de pago han aumentados

En 2018, el plazo medio de pago a proveedores ha aumentado un 4,6% en el sector público, pasando de 65 a 68, llegando en el sector privado a los 81 días respecto a los 77 del ejercicio anterior, un 5,2% más. España se sitúa así como el país comunitario con los plazos de pago más largos.

Ambos casos se alejan bastante de los 30 y 60 días que establece la ley respectivamente, y es destacable que el 63% de los proveedores haya tenido clientes en 2018 que les imponían plazos de pago superiores a los establecidos. Además, en caso de impago, el 86% no exigieron intereses de demora y el 92% tampoco la indemnización legal por costes de recobro.

El tipo de cliente que más tarda en abonar sus facturas son las grandes empresas, con una facturación superior a 50 millones de euros, señalando un 42% de sus proveedores que les pagan a más de 90 días.

Con el régimen sancionador que propone la PMcM, se reduciría notablemente la morosidad, teniendo en cuenta que porcentaje de impagos respecto a la facturación se ha situado en el 2,9%, ligeramente por encima del de 2017.