Los representantes aduaneros consideran desproporcionadas las sanciones por los errores en declaraciones y documentos.
El Consejo General de Colegios de Agentes de Aduanas de España ha trasladado a la Agencia Tributaria y al departamento de Aduanas "los graves perjuicios" que generaría la aplicación del anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal para el sector aduanero y logístico.
En primer lugar, se pretende modificar la Ley del IVA para hacer a los representantes aduaneros responsables subsidiarios de este impuesto durante un período de cuatro años, lo que hace peligrar la continuidad de este colectivo profesional.
En segundo lugar, la Ley General Tributaria contemplaría con el nuevo redactado que los procedimientos de declaración y de verificación de declaración de datos puedan extenderse durante un período de tres años.
Asimismo, los representantes aduaneros también consideran "desproporcionada" la sanción de 600 euros que se impondría al representante en caso de producirse algún error en las declaraciones y documentos aduaneros.
Por lo que respecta a la disposición adicional que debe adecuar al Código Aduanero de la Unión, las garantías que presentan los representantes aduaneros cuando actúan por la representación directa no se liberarían como hasta la fecha con el pago, a excepción de algunos casos.
Desde el Consejo General se han expuesto diversos argumentos jurídicos para rechazar cada una de estas medidas y se ha recordado que no existe otro colectivo en España que sea tan colaborador con la administración y que por representar a terceros esté sometido a tales responsabilidades.
Si se introducen estos cambios legislativos, ejercer a corto plazo la representación aduanera en España "va a ser casi imposible". Además, entienden que las dificultades en su actividad diaria llevarían al cierre de empresas y al desvío de los despachos aduaneros hacia otros países comunitarios cuando la normativa lo permita a partir de 2025.