Lejos de dejar de dar la batalla por perdida una vez aprobado definitivamente el Paquete de Movilidad, los países de Europa del este no quieren dar su brozo a torcer ante un conjunto normativo que podría perjudicar su ventajosa posición competitiva en el mercado europeo de transporte.

En su pugna, este grupo de Estados miembro de la UE han encontrado lo que Fenadismer califica de «connivencia de la comisaria europea de Transportes».

En el último movimiento en este tablero, Lituania ha anunciado que solicitará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que impida la entrada en vigor de algunas de las disposiciones del Paquete Movilidad.

Entre las reglas que el Gobierno lituano quiere impedir se encuentran la norma que obliga a devolver el vehículo al Estado de establecimiento cada ocho semanas y a las disposiciones que restringen la actividad de camiones en otros Estados miembro de la UE, porque, a su juicio, estos requisitos discriminan a sus conductores y porque la nueva regulación implicará que los Estados que en la práctica no puedan aplicar las disposiciones se verán excluidos del mercado único.

Al tiempo, Rumanía ha instado a la Comisión Europea a garantizar un marco legal claro y armonizado a nivel europeo, con el fin de evitar la imposición de diferentes requisitos por parte de los Estados miembros a la aplicación de las nuevas que podrían dar lugar a controles abusivos y multas por parte de las autoridades de la UE occidental contra los transportistas rumanos.