Los Estados miembros podrán restringir el derecho de un nuevo operador a acceder a ciertas líneas.
El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la liberalización de los servicios ferroviariosen la Unión Europea (UE). De esta forma, la licitación será, en general, el método estándar de adjudicación de los contratos de servicio público a partir de diciembre de 2023, mientras que a partir de diciembre de 2020, las compañías ferroviarias podrán ofrecer nuevos servicios comerciales en líneas nacionales.
Además, las licitaciones se abrirán a empresas de otros países distintos a los que se encargan del mantenimiento de las vías. El objetivo es impulsar el ferrocarril frente a otros medios de transporte y aumentar la competencia dentro de la UE, proporcionando un mejor servicio a los usuarios y a mejor precio.
En cualquier caso, los Estados miembros podrán restringir el derecho de un nuevo operador a acceder a ciertas líneas, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios prestados bajo contrato público.
En este sentido, se establecerá que cuando no se licite un servicio y se adjudique directamente, el contrato deba incluir ciertos requisitos en cuanto al rendimiento, referentes a la puntualidad y frecuencia de los servicios, la calidad del material rodante y la capacidad de transporte.
También será posible la adjudicación directa en los contratos de 'minimis', cuando el valor medio anual o la prestación anual de transporte de viajeros sea inferior a 7,5 millones de euros o 500.000 km, respectivamente.
Riesgos y ventajas de la nueva normativa
Actualmente, los contratos públicos representan las dos terceras partes de este tipo de servicios en la UE, por lo que en Bruselas consideran que adjudicarlos mediante licitación debería incentivar a las empresas a centrarse en el cliente y supondría una reducción del gasto público.
Sin embargo, algunos eurodiputados denuncian que esto podría implicar un perjuicio para el servicio público, con el riesgo de que algunas líneas lleguen a suprimirse por falta de rentabilidad o que las medidas tengan consecuencias negativas en lo que respecta al empleo.
Sin embargo, otros, como Izaskun Bilbao, creen que contribuirá a reducir las emisiones que origina el transporte y permitirá "acabar con la congestión", además de disminuir los costes logísticos de las empresas y fomentar la movilidad.