Varias organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran Transport & Environment, Ecodes, Ecologistas en Acción o WWF, entre otras, han presentado sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, entendiendo que esta norma debería garantizar un sistema multimodal de transporte, que sea eficiente, descarbonizado, sostenible, justo e inclusivo.
Esta es una de las demandas fundamentales incluida en el documento conjunto que se ha presentado durante la fase de información pública que ha finalizado el 13 de abril.
En este sentido, explican que a pesar de la emergencia climática y la guerra de Ucrania, que han puesto de manifiesto la necesidad de acabar con la dependencia de los combustibles fósiles, el anteproyecto no establece objetivos para conseguir antes del 2050 la descarbonización del transporte, que es según los firmantes "el principal contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero en España".
Además, entienden que no da la debida prioridad a la eficiencia energética, motivo por el cual no se apoya en los tres modos más sostenibles: el peatonal, el ciclista y el ferroviario. Asimismo, creen que no otorga prioridad a la electromovilidad en el transporte por carretera frente a los motores de combustión interna.
Por otro lado, no solamente no apuesta exclusivamente por los combustibles de cero emisiones de origen renovable en la aviación y el transporte marítimo, sino que en el caso de este último fomenta explícitamente el uso del gas natural, que en su opinión es "un combustible fósil con un impacto climático incluso peor que los actuales combustibles fósiles líquidos".
Otras reclamaciones
Entre las alegaciones presentadas, destaca también la propuesta para adoptar medidas que contribuyan a alcanzar una cuota modal del 18% en el transporte ferroviario de mercancías en 2030 respecto al total de mercancías transportadas por vía terrestre, y de, al menos, el 35% en 2040.
Igualmente, reclaman establecer a través de un Real Decreto los criterios y requisitos mínimos que deben tener las Zonas de Bajas Emisiones a nivel estatal para asegurar su eficacia como herramienta para a reducción del CO2 y la mejora de la calidad del aire, así como su implantación con criterios homogéneos en las ciudades.
En otro orden de cosas, plantean la imposición de cierto tipo de peajes urbanos, así como el otorgamiento de incentivos fiscales y ayudas para la compra de vehículos de cero emisiones, con especial énfasis en furgonetas y camiones para el transporte de mercancías.
Con respecto a las flotas de vehículos de empresa, y con fin de favorecer la aparición de un mercado de segunda mano de vehículos eléctricos, las empresas realizarán una transición gradual para lograr una plena electrificación de las mismas en 2030. El incumplimiento de dicho mandato será sancionado mediante restricciones en cuanto a la deducción del IVA y el IRPF.