La dotación prevista en los Presupuestos Generales del Estado es superior a la de 2017, que se ha utilizado únicamente para el desvío obligatorio a la AP-68 desde la N-232.
El sector del transporte protesta contra la inminente obligatoriedad de los desvíos de camiones a la AP-7 y pide que las administraciones inviertan en la mejora de la seguridad en la N-340.
La alternativa propuesta supondría un aumento de los costes y del tiempo de conducción, además de contar con frecuentes desniveles que dificultan la conducción.
El desvío para los camiones desde la N-232 está afectando negativamente al tráfico general, con el consecuente riesgo para la seguridad vial, según han denunciado algunos ayuntamientos cercanos.
El Comité Nacional de Transporte ha solicitado la suspensión cautelar de este desvío y la retirada de todas las sanciones impuestas desde el 2 de diciembre.
Desde Atradis, entienden que el motivo de esta medida es la seguridad vial, pero alertan de que los transportistas tendrán que recorrer más kilómetros para llegar a los accesos a la autopista.