Al Gobierno solo le queda la vía judicial, llevando el caso ante el Tribunal de Luxemburgo, para no devolver a corto plazo las subvenciones recibidas en el puerto de Gijón.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraudeha recomendado al Ejecutivo comunitario que reclame la devolución de la totalidad de los 198 millones de euros desembolsados para el Musel.
Javier Fernández aboga por completar toda el área logística del puerto de Gijón y el enlace ferroviario con el fin de que pueda desarrollar toda su potencialidad económica.
La denuncia del sindicato se centra en la deficiente gestión pública de los responsables de la Autoridad Portuaria de Gijón, y los responsables políticos que les nombraron.
En la denuncia, interpuesta por Manos Limpias, también se acusa al expresidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, al exconsejero de Infraestructuras del Gobierno asturiano, Francisco González Buendía, y dos exresponsables de la Autoridad Portuaria, Fernando Menéndez Rexach, expresidente, y José Luis Díaz Rato, exdirector.
La organización Foro Asturias ha publicado en su totalidad el informe de la Olaf, en el que se pueden observar los argumentos del organismo europeo para solicitar la devolución de los 198 millones de euros con los que el Fondo de Cohesión subvencionó al puerto.
Este año está previsto que todos los cruceros atraquen en el muelle Norte, tras la finalización de las obras de acondicionamiento de la zona en el Nuevo Muelle Norte de la Ampliación, que cuenta con una explanada de más de 4.000 m² a pie de buque.
El organismo encargado de aceptar la propuesta de la OLAF para dejar a El Musel sin subvención europea se ha puesto en contacto con la Administración española para pedir nuevos datos e intentar llegar a un acuerdo.
Después de un primer análisis, desde el puerto aseguran poder aclarar algunas cuestiones que ponía en duda el organismo europeo, y afirman que, si existen indicios suficientes, podrían demanda a Dique Torres.
Desde el PP de Asturias se ha considerado "indefendible e inaceptable" que el gobierno autonómico se escude en consultar al Consejo Consultivo para no trasladar el informe.