El fallo se refiere a una orden de 2007 del Ministerio de Fomento, que imponía la obligación de obtener una autorización administrativa para el transporte privado complementario de mercancías.
El Ejecutivo regional tiene veinte días para decidir si presenta un recurso, y después, si decide que no, aún tendrá otros dos meses para proveer el dinero.
La sentencia desestimatoria del recurso de casación interpuesto por una empresa cargadora considera competencia desleal la imposición de precios a los transportistas por debajo de costes.