Durante los próximos cuatro meses el CRFA tendrá asignada esta función hasta que inicie su actividad la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Los buenos datos registrados en los tráficos import-export, sumado a la reducción de los gastos de explotación, ratifican la compatibilidad entre una política de reducción de tasas y el mantenimiento del saneamiento económico de los puertos.
Mientras que los muelles comerciales experimentan un fuerte incremento de más del 23%, las cifras en la terminal EBHI lastran los resultados totales del puerto.
El presidente del puerto de Valencia se ha mostrado partidario de cambiar el modelo concesional de los puertos con el fin de adaptar las condiciones a la situación actual, y con la creación de un fondo interportuario.
El presidente de Puertos del Estado señala que los datos del tráfico portuario del mes de abril permiten adelantar que “se está moderando la caída, porque empezamos el año con una bajada del 10% y ya estamos en el 6% en abril”. A pesar de la caída, los ingresos de los puertos suben.
La trama empresarial desmantelada que trataba de evitar el pago de tasas en varios puertos españoles, adeuda 40 millones a administraciones públicas españolas, 6,6 millones de ellos en Canarias, 30 millones en fase de embargo.
En total, los operadores que mueven las mercancías en el puerto de la Luz disfrutarán a partir del año que viene de un 40% de incentivos, lo que iguala a la capital grancanaria con otros puertos competidores en los transbordos.
Además, la Ceoe ha solicitado el reconocimiento, por parte de la Unión Europea, de la necesidad de compensar los extracostes del transporte de mercancías en las Islas Canarias.
Los vehículos nuevos, los productos siderúrgicos, el tráfico de short sea shipping y los portacontenedores recibirán bonificaciones del puerto de Barcelona con el objetivo de de incrementar la competitividad de las empresas.
La última valoración de los terrenos y lámina de agua del puerto canario data de octubre de 1988, por lo que la Autoridad de Santa Cruz era uno de los puertos de Interés General del Estado que incumplía la actual Ley de Puertos.