El Congreso debatirá la modificación de la actual legislación contra la morosidad

Desde Fenadismer y las otras organizaciones que conforman la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad se ha promovido la adopción de un nuevo régimen sancionador para acabar con los actuales incumplimientos que, en el caso del sector del transporte por carretera, se eleva hasta un 70% los clientes que incumplen el plazo máximo de 30 días, 60 si así lo han acordado las partes.

13/05/2014 a las 11:52 h

Transporte por carretera en Madrid

Este martes 13 de mayo el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá la proposición de ley que modifica la actual legislación de lucha contra la morosidad, que el pasado mes de enero presentó Convergencia y Unió para su tramitación parlamentaria, en la que se establece un nuevo régimen sancionador dirigido tanto a las empresas como a las entidades públicas que incumplan los plazos máximos de pagos legalmente establecidos, previendo sanciones que van desde los 6.000 euros para las infracciones leves hasta los 900.000 euros en las infracciones muy graves.

Dicha proposición de ley es consecuencia del compromiso adquirido por los Grupos Parlamentarios en el transcurso de la II Cumbre Político-Empresarial organizada el pasado mes de noviembre por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que forma parte Fenadismer en representación del sector empresarial del transporte por carretera.

En dicha cumbre los portavoces de los diferentes partidos políticos manifestaron la necesidad de aprobar un régimen sancionador que hiciera efectiva la actual legislación sobre morosidad, frente a los abusos que en la actualidad soportan principalmente las pequeñas y medianas empresas.

De hecho, en el sector del transporte por carretera los plazos de pago se situaron en el mes de abril en 87 días de media, incumpliendo la vigente Ley de morosidad un 70% de los clientes de los transportistas según los resultados obtenidos en el Observatorio permanente de morosidad que mensualmente elabora Fenadismer. Cabe recordar que la ley sobre morosidad establece un plazo máximo de pago de 30 días ampliable a 60 días sólo si así lo hubieran acordado las partes.

A este respecto, Convergència i Unió (CiU) propondrá este martes al Pleno del Congreso tramitar una proposición de ley para regular el régimen de infracciones y sanciones en el incumplimiento de los plazos de pago a proveedores previstos en la normativa y planteará por ejemplo que exceder en 20 días ese plazo legal sea considerado una falta grave y tenga una multa de hasta 30.000 euros.

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