En la actualidad, en torno a un 65% de los clientes de los transportistas incumplen la ley de morosidad en los pagos por los servicios prestados.

La actual regulación, aprobada en 2014, prohíbe que el plazo de pago máximo supere los 60 días. Sin embargo, el plazo medio de pago se sitúa en le entorno de los 85 días y un 72% de los cargadores e intermediarios logísticos que incumplen la normativa pagan a más de 90 días.

En el mes de junio, la Comisión de Reconstrucción Social y Económica promovida en el Congreso de los Diputados para establecer medidas de reactivación acordó la aprobación con carácter inmediato de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad, para corregir las actuales prácticas abusivas, que afectan especialmente a pymes y autónomos.

En virtud de ese acuerdo, el 22 de septiembre todos los grupos parlamentarios aprobaron tramitar una Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones para todos los sectores económicos de actividad.

El proyecto establece, según explican desde Fenadismer, diferentes tipo de sanciones en función del plazo incumplido. Así, si el plazo de pago es inferior a 90 días, la multa sería de hasta 3.000 euros, elevándose hasta los 100.000 euros si se supera dicho plazo.

Régimen específico para el transporte

Por su parte, el Ministerio de Transportes ha publicado ya el Anteproyecto de Ley de modificación de la LOTT para establecer un régimen sancionador específico para el sector del transporte por carretera, tras el compromiso asumido con las asociaciones de transportistas en verano, que supuso la desconvocatoria del paro nacional previsto.

Según el texto legal sometido a información pública, será sancionado todo retraso en el pago que supere el plazo máximo legal de 60 días, graduándose la cuantía en función del importe del pago retrasado.

Si no supera los 2.000 euros, la sanción será por hasta dicho importe, si es inferior a 4.000 euros la sanción será por hasta dicho importe, y cuando la factura supere los 4.000 euros, la sanción será de hasta 6.000 euros.

Este Anteproyecto se tramitará por vía de urgencia en su fase administrativa y será remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. En este sentido, desde la Federación apuntan que el proyecto de ley que ya tramita el Parlamento podría afectar negativamente a la aprobación definitiva del proyecto normativo del Ministerio, al estar más adelantado.