La Administración y el sector del transporte por carretera acuden al Foro de Aecoc.
Tras varias semanas de debate en el sector del transporte por carretera español sobre si el Gobierno debía haberse unido a la ‘Alianza del transporte por carretera’ contra el dumping social, firmada por nueve países de la Unión Europea a principios de febrero, el Ministerio de Fomento ha explicado públicamente por qué ha rechazado su adhesión a la misma.
La encargada de hacerlo ha sido la secretaria general de Transporte, Carmen Librero, y el lugar elegido el XVII Foro Nacional de Transporte de Aecoc, que se ha celebrado este miércoles 15 de marzo en Madrid.
El Ministerio considera que las medidas unilaterales que proponen los países firmantes vulneran la unidad de mercado europeo y son claramente contrarias a la libre circulación en el viejo continente.
Algunas de estas medidas ya implantadas son la imposición de un salario mínimo para conductores extranjeros, con sus correspondientes barreras administrativas, la prohibición del descanso semanal en cabina y el establecimiento de una Euroviñeta claramente discriminatoria para los transportistas no nacionales.
"Por la oposición a este tipo de medidas no nos hemos adherido a la Alianza por la Carretera", ha afirmado Librero.
[sumario]Fomento no puede compartir medidas de carácter proteccionista[/sumario]
Según la secretaria general de Transporte, España "comparte muchos de los objetivos que se indicaron en el manifiesto de la Alianza", como por ejemplo la lucha contra la competencia desleal y las empresas buzón, la mejora de los controles a través una mayor colaboración entre países y la protección de los derechos sociales de los conductores profesionales.
Sin embargo, Fomento "no puede compartir medidas de carácter proteccionista, que suponen claras barreras de entrada y que rompen los principios básicos de la Unión Europea", ha explicado.
"Estamos convencidos que las prohibiciones unilaterales suponen una fragmentación del mercado de transporte que dañan a toda la economía europea", asegura Librero.
Por ello, la Administración entiende que estas regulaciones deben establecerse a nivel comunitario para que su implantación sea homogénea y armonizada en todos los Estados miembros, de una manera razonable y sin introducir cargas administrativas que hagan más difícil o inviable el transporte internacional.
Esta es la postura que España defenderá en las negociaciones del 'Paquete Comunitario de la Carretera'que se debatirá en Europa a lo largo de este 2017.