Los sectores público y privado cerraron 2013 con un ratio de morosidad, el porcentaje de impagos respecto a la facturación total, del 5,1 %, un 1,9 % menos que el año anterior, una tendencia positiva que puede romperse si sale adelante la ley de financiación empresarial tal como está redactada actualmente.
Sin embargo, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado que esta nueva ley permitiría a las empresas pagar sus deudas más allá de los 60 días fijados en la normativa actual, algo que supone una "perversión" y que perjudicará a las pymes y los autónomos al encarecer sus costes para cobrar en plazo.
También la PMcM ha pedido la modificación del artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de que las Administraciones Públicas respeten el plazo de 30 días, tal y como marca la Ley de morosidad, acabando así con la posibilidad de que puedan alargar los plazos de pago mediante acuerdo entre las partes.
En opinión de Antoni Cañete, presidente de la Plataforma, “si no se rectifican estas normas sin duda empeorará la situación de pymes y autónomos para cobrar de acuerdo a los plazos legales”.
En el sector privado, el plazo se superó en 2o días de media
Para la PMcM, que ha hecho público el informe 'Morosidad 2013', si el Gobierno no cambia ambas leyes va a producirse una situación de "involución" que pondrá en riesgo lo avanzado hasta ahora en la mejora de los pagos. Además, ha recordado que pese a que se ha disminuido el ratio, este indicador aún duplica la tasa media europea, que es del 2,6 %.
El informe, que se ha elaborado en base a 1.000 encuestas a empresas asociadas a la entidad, revela que las administraciones públicas tardaron en pagar a sus proveedores una media de 111 días en 2013, 30 días menos que el año anterior pero casi cuatro veces más del plazo de 30 días establecido por la ley antimorosidad. Mientras, el plazo medio de pago en el sector privado fue de 85 días, ocho menos que en 2012, frente a los 60 que permite la ley.
Si se analizan los últimos años se observa que las acciones realizadas en diferentes ámbitos han conllevado una mejora progresiva de los plazos de pago. En total, la media descendió de 2009 a 2013 un 27,9% en el sector público, y un 15,8% en el privado.
Entre otras medidas, destacan la puesta en marcha de la citada Ley de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y de la Directiva Europea, el pago de la deuda histórica por parte de las CC.AA. y los ayuntamientos a través de los planes de pago del Gobierno y también la medida que permitió acabar con el trato de favor de los contratistas de obra pública.
Sin embargo, estas mejoras se perfilan “todavía insuficientes porque las cifras distan mucho de los plazos permitidos por la ley”, asegura Cañete, quien recuerda que “hay que acabar cuanto antes con este tipo de abusos; la lacra de la morosidad ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”.
Según los encuestados, un 68% de las empresas exigen plazos superiores a los 60 días para pagar a sus proveedores, por lo que Cañete ha incidido en la necesidad de establecer un régimen sancionador, una solución que han apoyado el 94% de las empresas encuestadas.
Medidas contra los retrasos
En este sentido, la PMcM ha desarrollado una serie de propuestas para luchar contra la morosidad como el establecer multas desde 30.000 hasta 900.000 euros a quienes incumplan los plazos de pago establecidos legalmente, medida que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, la implantación de medidas no coercitivas de mediación, la creación de un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados y de un observatorio contra la morosidad.
En caso de sufrir impagos, sólo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2013.
Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 79,5% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y de las modificaciones introducidas por el art. 33 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 20,5% de las empresas aún la desconozca”.
El IVA de caja
En algunos sondeos previos a la encuesta de elaboración del informe anual, la PMcM constató el hecho de que determinadas compañías estaban comunicando a sus proveedores que si se acogían al IVA de caja no les contratarían más, para así optar por aquellos proveedores con los que pueden deducirse el IVA sin haber pagado. Tal fue así, que el informe de la PMcM ha desvelado que del 40% de las empresas que cumplían los requisitos para acogerse al IVA de caja, tan solo lo hicieron el 15% de ellas.
Para acabar con este abuso, la PMcM recuerda una de sus propuestas, que consiste en que el Gobierno invierta el sujeto pasivo para que el proveedor, en su mayoría pymes, quede exonerado del anticipo del impuesto y se ponga de manifiesto qué clientes no pagan sus facturas a tiempo.