El 25 de mayo el Senado ha aprobado la Moción Parlamentaria promovida por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se instaba al Gobierno para que el colectivo de bomberos forestales pueda beneficiarse de unas condiciones de acceso a la pensión de jubilación que atiendan a las particularidades su actividad profesional.

La explicación es que las labores que desarrollan dichos profesionales “se caracterizan por una elevada exigencia física, y además se desarrollan normalmente en entornos cuyas condiciones suelen ser desfavorables debido a factores como las altas temperaturas, la poca humedad o el tránsito por terrenos irregulares”.

Por tanto, puede decirse que estas labores “reúnen las notas de penosidad, toxicidad y peligrosidad requeridas por la legislación de la Seguridad Social”.

Además, en la actualidad hay otros colectivos que pueden acogerse a la jubilación anticipada mediante la aplicación de coeficientes reductores, como el personal de vuelo, la minería, policías y bomberos, trabajadores ferroviarios y hasta toreros y artistas.

Sin embargo, los conductores profesionales continúan fuera de este régimen de mejora de su jubilación pese a las reiteradas reivindicaciones de Fenadismer y otras organizaciones empresariales y sindicales.

De hecho, en el debate de la Moción Parlamentaria, la senadora de Esquerra Republicana Laura Castel señaló que el transporte es “un colectivo de riesgo debido a la peligrosidad de su actividad”, lo que sumado a la elevada edad media de los conductoresha provocado un incremento de los índices de siniestralidad y morbilidad” en España.

En este sentido, explicó que la tasa de incidencia de accidentes de trabajo en los mayores de 55 años es tres veces superior a la del resto de sectores con respecto al mismo rango de edad.

Castel recordó además que ya en diciembre de 2018, en el Pleno del Senado se aprobó, con el apoyo del Grupo Socialista, una moción que instaba al Ministerio de Seguridad Social a reconocer que la actividad se encontraba dentro de las circunstancias exigidas legalmente para rebajar la edad ordinaria de jubilación.

Sin embargo, han pasado tres años y medio y el Gobierno sigue sin atender las reclamaciones de los sindicatos, agentes del sector y del propio Pleno del Senado, lo que a juicio de la senadora, supone “una vulneración y precarización del sector al que pertenecen decenas de miles de trabajadores”.

 

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