La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, junto con su asociación intersectorial de trabajadores autónomos, UATAE, han mantenido una reunión con la ministra de Economía, Nadia Calviño, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para analizar las medidas económicas, administrativas y financieras para autónomos y pymes.

En lo que se refiere a la prestación extraordinaria por reducción o cese de actividad, que ha beneficiado a 1,2 millones de autónomos, ha sido valorada muy positivamente, ya que ha permitido a los más afectados por el cierre o disminución de su actividad no solamente exonerarse del pago de la cuota a la Seguridad Social, sino también recibir una ayuda económica mensual.

En el sector del transporte y la logística, se han acogido a esta medida en torno a 37.000 empresarios autónomos. Desde la Federación, han solicitado que se siga manteniendo al menos hasta el 30 de junio, en función de cómo evolucione la reactivación de las diferentes actividades.

Por lo que respecta los ERTE por fuerza mayor, a los que se han acogido más de 440.000 autónomos y empresas, y que se han prorrogado hasta finales de junio, el Gobierno se ha comprometido a estudiar un trato especial para los autónomos y pymes con un número reducido de trabajadores.

Líneas ICO y moratorias

Una de las principales dificultades planteadas por Fenadismer y UATAE es la dificultad para acceder a las líneas de liquidez ICO Covid-19, por las numerosas trabas y prácticas abusivas que han venido aplicando las entidades bancarias para proceder a su concesión.

En el caso del sector del transporte, solamente se han firmado 12.000 operaciones financieras, con un importe medio de 11.300 euros. Por ello, se ha insistido en la necesidad de aprobar una nueva línea específica para autónomos y microempresas avalada al 100% por el Estado.

En este ámbito, también se ha solicitado que los autónomos y pymes puedan solicitar una moratoria en el pago de las cuotas de financiación de los vehículos de transporte, lo cual será objeto de estudio por parte del Ministerio de Economía para analizar su viabilidad legal.

Por último, se ha apuntado la posibilidad de un posible repunte de la morosidad y retrasos en los pagos por parte de las grandes empresas, bajo la excusa de la actual crisis sanitaria, lo que hace imprescindible que se articulen mecanismos que impidan dichas prácticas ilegales.