El Comité Nacional de Transporte por Carretera ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la norma foral de Guipúzcoa 7/2016, de 15 de diciembre, por la que se regula el establecimiento de peajes en varios tramos de las carreteras de alta capacidad A-15 y N-1 en la provincia.

Las organizaciones que integran el CNTC han acordado por unanimidad que, a partir de septiembre de 2017 y previa coordinación con las organizaciones de transporte de Guipúzcoa, «se adoptarán las medidas de movilización que se estimen necesarias para manifestar su oposición frontal a dichos peajes», indican desde el Comité.

En julio de 2016, la Diputación Foral de Guipúzcoa volvía a la carga para la implantación de los peajes contra los que los transportistas vascos llevan años luchando. A diferencia de lo sucedido en 2014, en esta ocasión el proyecto si cuajó y la administración guipuzcoana licitó la redacción y explotación del proyecto ese mismo mes.

Desde Fenadismer recuerdan que el nuevo gravamen «recaudatorio» se aplicará inicialmente tanto en la carretera N-I como en la Autovía A-15 mediante la instalación de hasta seis pórticos de control del pago de los peajes, lo que supondrá para los más de 7.000 camiones que diariamente circulan por dichas vías abonar un canon de hasta 10 euros por trayecto.

Una medida «tremendamente» discriminatoria  

En el seno de la CETM consideran que la puesta en marcha de un peaje solo a los vehículos de transporte es una medida «tremendamente discriminatoria», pues convierte al sector «en el único responsable económico del mantenimiento» de las infraestructuras.

Del mismo modo, los transportistas rechazan que la recaudación adicional resultante de la aplicación de una medida como ésta «se pudiera utilizar para promocionar y subvencionar otros modos de transporte menos eficientes que competirían con la carretera en situación de ventaja», aseguran desde la CETM.

En la Confederación «están convencidos» de que la aplicación de la Euroviñeta comportaría efectos perjudiciales inmediatos en la economía de la zona, pues tendría consecuencias inflacionistas ya que se incrementaría el precio final de todos los productos, reduciéndose el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo cual lastraría el consumo, factor clave para una recuperación económica definitiva.

En este contexto, los transportistas seguirán reclamando a las diferentes administraciones «un trato equilibrado y justo» para el sector.