Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, se produjo inicialmente una gran confusión entre los transportistas y conductores particulares por la falta de información sobre la obligación de pasar la ITV de sus vehículos. Mientras unas estaciones permanecieron abiertas, otras fueron inmediatamente cerradas, como las de Andalucía, Extremadura, Navarra y Asturias, por contar con un régimen jurídico de gestión diferente.
El régimen de explotación de las ITV lo establecen las autonomías y en la Comunidad de Madrid, es en la única en que el servicio se encuentra totalmente liberalizado. En las restantes Comunidades Autónomas, es un régimen de concesión pública para la explotación por parte de empresas privadas, salvo en el caso de Andalucía y de Asturias, donde lo gestionan directamente empresas públicas.
En el caso de Murcia y Extremadura conviven algunas estaciones de carácter público con otras privadas en régimen de concesión. Para evitar la descoordinación, el Ministerio de Industria dictaminó mediante una resolución la suspensión temporal de la obligación de pasar la ITV y el cierre de las instalaciones de toda España mientras dure el período de estado de alarma.
Sin embargo, existe una enorme preocupación sobre el posible colapso que pueda producirse en las primeras semanas de apertura, por la necesidad de que todos los vehículos que no han podido pasar la revisión cuando les correspondía acudan en masa, con el riesgo añadido nuevos contagios.
El número de vehículos que debían haber pasado su ITV desde el 14 de marzo sería de aproximadamente de 2.400.000, cifra que se duplicará a finales del mes de mayo, por lo que será materialmente imposible atender dicho incremento de la demanda.
Prórroga y tratamiento diferenciado
En este sentido, Fenadismer va a solicitar al Ministerio de Industria que antes de que se reanude la actividad se amplíe la prórroga para que los vehículos cuya fecha de vencimiento de su revisión periódica se encontrase en el periodo del estado de alarma puedan realizarla de forma organizada en atención a su fecha de su vencimiento y que se establezca un calendario escalonado según las categorías de vehículos y el servicio al que están destinados.
En lo que se refiere a los vehículos de transporte tanto de mercancías como de viajeros, la Federación exigirá que las Comunidades Autónomas ofrezcan un tratamiento diferenciado y prioritario para su inspección.