La norma modifica el trámite informático de registro y control.

La nueva regulación perjudica la viabilidad futura de los representantes aduaneros en España.

Con motivo del anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal presentado por el Gobierno, Feteia-Oltra y el Consejo General de Agentes de Aduanas han decidido emprender acciones conjuntas para informar a los responsables de las infraestructuras afectadas de las repercusiones que tendría su aprobación.

Así, han acordado hacer llegar sus preocupaciones a los distintos puertos de interés general, aeropuertos, zonas francas, federaciones empresariales y al sector del comercio exterior. Próximamente, iniciarán contactos con los diferentes grupos parlamentarios para intentar evitar «la injusticia y el atropello que su aprobación significaría«.

Ambas organizaciones consideran «paradójico» que los cambios normativos que aparecen en el anteproyecto se incluyan en una ley denominada antifraude, dado que esta regulación «contraviene claramente la legislación europea» y perjudica al sector de los representantes aduaneros y su viabilidad futura.

En su opinión, con estas nuevas condiciones será imposible «ejercer dicha profesión y actividad en España». De aplicarse la norma en sus términos actuales, posiblemente deban trasladar su actividad profesional al resto de países comunitarios en el momento que sea posible realizar el despacho de aduanas en otros países comunitarios, lo cual está previsto para 2025.

Ante este panorama, instan al Ministerio de Hacienda a atender las alegaciones presentadas y «evitar los efectos perversos que seguramente no han sido suficientemente evaluados«, dado que esta problemática no se hubiese generado si la Administración Tributaria hubiera tenido en cuenta el funcionamiento del comercio exterior.