La propuesta de la Comisión Europea para reformar la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en el viejo continente, presentada a principios de este mes de marzo, no ha convencido al sector del transporte por carretera, que solicita una regulación específica para esta actividad. 

Según señalan desde Fenadismer, el contenido del proyecto normativo está principalmente enfocado al desplazamiento de trabajadores de forma estable, es decir, en sectores de actividad en los que se requiere cierto período de permanencia del trabajador en el país de acogida.

Dicha condición excluye los pormenores del transporte por carretera, un sector caracterizado por la gran movilidad de sus trabajadores a lo largo de los diferentes países de la Unión Europea.

En sintonía con las reclamaciones de los transportistas, la eurodiputada española Izaskun Bilbao ha presentado esta semana en el Parlamento Europeo una interpelación dirigida a la Comisión Europea, en la que solicita la necesidad de contemplar en la nueva regulación la problemática de la deslocalización de grandes empresarios de transporte a los países del Este de Europa.

El texto firmado por la europarlamentaria no da lugar a dudas sobre su posición con respecto a este punto. Así, afirma que «de mantenerse la actual orientación de la directiva, sus contenidos no tendrán impacto alguno en uno de los sectores más afectados por estas prácticas, el del transporte por carretera».

Más de 6.000 de los 11.000 conductores que realizan transporte internacional en España trabajan para una empresa descentralizada en Europa del Este.

Tal y como recuerda Izaskun Bilbao en su escrito, muchas empresas del sector han localizado sus sedes principales en  países de la antigua Europa del este, y utilizan ahora conductores contratados allí para cubrir los mismos servicios que ofrecían desde sus sedes anteriores, soportando ahora unos costes laborales hasta 10 veces inferiores.

Las pequeñas y medianas empresas que no utilizan estos procedimientos «sufren así una competencia claramente desleal que creo puede calificarse abiertamente de dumping en el mercado interior», afirma la eurodiputada, quien señala que, en España, más de 6.000 de los 11.000 conductores que atraviesan la frontera realizando portes internacionales están enrolados en este tipo de empresas.

Preguntas a la Comisión

En este contexto, la eurodiputada ha preguntado a la Comisión, en primer lugar, si la revisión de la directiva va a contemplar la problemática descrita en la pregunta, o se restringirá al desplazamiento de trabajadores con periodos medios o largos de permanencia en el país de acogida.

En segundo lugar, la europarlamentaria quiere saber si se está estudiando alguna solución para esta problemática, «que amenaza con acabar con las medianas y pequeñas empresas del transporte por carretera especialmente en el sur de Europa», señala.

Por último, Bilbao también ha preguntado si hay alguna evaluación de los costes que, además de en materia social, tienen estas prácticas en términos de seguridad vial.