Se inicia la tramitación del nuevo régimen sancionador contra la morosidad en el transporte por carretera

El grupo político Ciudadanos ha presentado una Proposición de Ley para "acabar con la impunidad y el abuso que sufren pymes y autónomos".

11/05/2017 a las 9:58 h

Carretera Vizcaya salida de tunel La normativa actual establece un plazo normalizado de pago de 30 días, prohibiendo que supere los 60.

Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de refuerzo de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que ahora tendrá que pasar por los correspondientes trámites parlamentarios.

En línea con su compromiso adquirido en la Cumbre Político-Empresarial organizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el partido político pretende “acabar con la impunidad y el abuso que sufren pymes y autónomos para financiar a las grandes empresas o a la Administración Pública a costa de los pequeños”.

La morosidad en España duplica actualmente a la de la Unión Europea, por lo que la nueva propuesta establece un régimen sancionador y contempla un mecanismo de arbitraje para agilizar los pagos, así como un sistema obligatorio de publicación de los datos de tiempos de pago y un observatorio de seguimiento de la implementación de esta regulación.

Incumplimiento generalizado de la normativa

En este sentido, Fenadismer recuerda que tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo normalizado de pago de 30 días a partir de la entrega de la mercancía o la prestación del servicio, prohibiendo en todo caso que el plazo máximo superase los 60 días.

Sin embargo, la falta de un régimen sancionador ha supuesto en la práctica un incumplimiento generalizado de la normativa. Así, los datos del Observatorio de la Morosidad que mensualmente elabora la Federación, indican que en torno a un 70% de los clientes de los transportistas incumple la ley, situándose el plazo medio de pago en 2016 en 85 días.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que confía en que la ley sea aprobada antes de que finalice 2017, ha valorado positivamente la propuesta, aunque tratará de introducir mejoras en su contenido durante su tramitación parlamentaria.

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