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Se retoman las conversaciones, ya en el tiempo de descuento.

A una semana del inicio del calendario previsto de huelgas convocada en los puertos para el lunes 6 de marzo y después de la aprobación por el Gobierno en el Consejo de MInistros de este viernes del Decreto Ley de la reforma, los representantes de la patronal Anesco y de los sindicatos Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO., UGT, CIG y CGT se volverán a sentar a la mesa de negociación el martes 28, bajo la mediación el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña.

Se retoma así la negociación suspendida el pasado miércoles, ante la petición de la patronal para calcular el número de estibadores que puede subrogar en cada puerto.

La garantía del empleo del colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y sus condiciones laborales, mediante la articulación de un registro o de su subrogación, constituye una de las principales reivindicaciones del gremio ante la reforma del sector.

Por ello, el Ministerio de Fomento ha emplazado en numerosas ocasiones, a sindicatos y patronal a dirimir esta y otras reivindicaciones del sector que no están contempladas en el Real Decreto Ley, pero que tienen cabida en el marco de la negociación colectiva.

Este pasado viernes, tras la aprobación de la reforma en el Consejo de Ministros, el titular de Fomento, Iñigo de la Serna, llamó a las dos partes a «intensificar las negociaciones estos días«, ante su convencimiento de que «con voluntad, se puede llegar a acuerdos«.

La consecución de un acuerdo durante esta semana podría evitar el calendario de tres semanas de huelgas, convocado por los estibadores a partir del lunes siguiente, 6 de marzo.

El Gobierno, tras aprobar la reforma en Consejo de Ministros, tiene ahora un plazo de un mes para lograr los apoyos parlamentarios, para su convalidación en el Congreso.

Fomento asegura que urge reformar el sector de la estiba para evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una sanción a España.

No obstante, también defiende que el cambio permitirá liberalizar la estiba para que deje de ser el «único sector económico del país en el que las empresas no pueden contratar libremente a sus trabajadores» y aumentar así la competitividad en los puertos.