Contaminación por las chimeneas de los barcos

Suecia exige a los armadores un pago por realizar las inspecciones del SECAs.

La ‘Alianza Trident’, una asociación integrada por varias de las principales navieras del mundo para facilitar la comunicación con los organismos competentes de hacer cumplir las normas de emisiones en las áreas SECAs, ha criticado recientemente a la administración sueca por establecer una cuota a los armadores para las inspecciones en los puertos.

Desde la asociación han remitido una carta al gobierno sueco para trasladar su «gran preocupación» por la política de la Agencia Sueca de Transporte, que exige a los armadores un importe económico con el que sufragar el gasto que el Estado debe hacer para realizar las inspecciones portuarias en cumplimiento de la regla 14 del Anexo VI del Convenio MARPOL.

Según las navieras, la administración sueca no puede argumentar, como ha hecho, que estas inspecciones quedan fuera del régimen normal del Control del Estado Rector de Puerto (CERP) y que, por tanto, se puede aplicar este recargo a los buques.

Tal y como recuerdan desde la Alianza, el Anexo VI del Convenio MARPOL es considerado un ‘instrumento pertinente’ del CERP según el Memorándum de París (MoU).

Precedente inoportuno

Desde la asociación aseguran en su escrito que el enfoque de la administración sueca establece un «precedente inoportuno», ya que establece que las regulaciones de azufre no son de la misma categoría o importancia como las otras funciones ejercidas por el Control del Estado Rector de Puerto, lo cual es «bastante alarmante».

El planteamiento de la Agencia de Transporte es «aún más perjudicial» al ser Suecia un país abanderado en el progreso ambiental. Así, puede motivar a otros órganos europeos a adoptar un enfoque similar en la ejecución del Convenio MARPOL.

Medida contraria a la práctica internacional 

Por último, la Alianza Trident también recuerda al gobierno sueco que, tanto los procedimientos acordados en el MoU de París como la Directiva de la UE 2009/16, establecen claramente que no se debe esperar que los armadores paguen por las medidas de ejecución del CERP, salvo cuando un buque haya sido prohibido en los países firmantes del MoU o cuando las inspecciones deriven de deficiencias detectadas anteriormente.

Por ello, las navieras han solicitado «respetuosamente» a la Agencia Sueca de Transporte que revise su política sin demora, ya que esta medida podría ser contraria a la práctica internacional aceptada.