Las severas condiciones impuestas a las empresas que optasen por ejercer su derecho de separación de la SAGEP, comprometía, a juicio de la CNMC, la finalidad liberalizadora derivada del Real Decreto-Ley 8/2017.
Únicamente se ha considerado la variable de la caída significativa de actividad desde la publicación del Real Decreto-Ley y mientras se prolongue el estado de alarma.
Sus componentes fijarán las prioridades de la Asociación para promover modificaciones legislativas que permitan mejorar la competitividad de los puertos.