La Justicia europea da la posibilidad a la Audiencia Provincial de Barcelona de sancionar a una filial nacional de un fabricante por la participación de su matriz en el cártel de camiones.
Un juzgado cacereño respalda la prueba pericial aportada por un transportista y cuantifica el sobrecoste en un 16,35% del precio de compra de cada camión.
Las diferencias sobre la evaluación del supuesto daño en cada caso existentes entre transportistas y fabricantes abocan a que muchas sentencias se recurran hasta llegar al Supremo.
El Juzgado de lo Mercantil número tres de Valencia da la razón a un transportista en su reclamación por el cártel de camiones gracias a que el informe pericial presentado "trata de individualizar los daños eventualmente sufridos".