La sentencia de un juzgado de La Coruña ni siquiera entra a valorar el posible daño porque no encuentra una relación clara entre el concesionario en que se compró el camión, la marca del vehículo y su filial en España.
Esta plataforma que agrupa a socios de Fenadismer y de Fetransa ha reunido más de 15.000 vehículos afectados para los que ha elaborado informes individualizados para afinar en los sobreprecios de cada caso.
Un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao ofrece la posibilidad de recurrir hasta los cinco años y aumenta las indemnizaciones hasta el 15% del sobrecoste, más los intereses generados desde la compra.
Una nueva sentencia cree factible que el perjuicio causado a un transportista alcance el 5% del precio de cada camión afectado por el cártel, a lo que habría que añadir los intereses generados.
La empresa valenciana obtiene una victoria parcial en los Tribunales, aunque sus abogados barajan recurrir, al tiempo que siguen adelante en las causas abiertas por la compra de otras 800 unidades.
En España no hay experiencia judicial previa suficiente en la tramitación y solución de este tipo de acciones, por lo que no existe un criterio armonizado en torno a numerosos aspectos.