El nuevo acuerdo firmado entre varios de los ministerios franceses afectados, establece un aumento de los controles sobre la práctica del cabotaje realizado en territorio galo y del trabajo ilegal, especialmente en el transporte ligero de mercancía.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España se planteará una acción judicial coordinada a nivel nacional contra las empresas cargadoras e intermediarios que paguen a los transportistas por debajo de los costes.
La sentencia desestimatoria del recurso de casación interpuesto por una empresa cargadora considera competencia desleal la imposición de precios a los transportistas por debajo de costes.