Según la anterior declaración de los tres técnicos de la Olaf, el pesaje de al menos 68.000 camiones que trasladaron materiales en las obras de ampliación del puerto de El Musel habrían sido falsificados.
Los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública.
El acuerdo pondrá especial énfasis en el control sobre la importación de mercancías que entran en Ceuta a través del puerto y que, en su inmensa mayoría, tienen como destino final Marruecos.
El sistema de control instalado por las autoridades francesas verifica que la matrícula establecida en el dispositivo se corresponde con la del vehículo que lo lleva incorporado.
La red llegó a defraudar más de 5,5 millones de euros a la Hacienda Pública por el Impuesto Especial de Hidrocarburos, a lo que se sumaría la defraudación, aún por determinar, en el IVA y otros impuestos, aprovechando la diferencia de tipos impositivos entre el producto adquirido y el vendido a gasolineras y transportistas.
El dinero defraudado se enviaba a Japón, bien físicamente o bien mediante transferencias fraudulentas, para después de circularlo por otros países como Arabia Saudí o Jordania, volver de nuevo a manos de la organización.
Las organizaciones eludía el pago del IVA correspondiente aportando declaraciones falsas ante la Hacienda Pública, con lo que se ahorraban grandes cantidades de dinero en dicho concepto. Esto les permitía posteriormente vender sus productos a precios muy bajos y sin competencia.