Una posible apuesta del futuro Gobierno de coalición por equiparar los impuestos que pagan el diésel y la gasolina tendrá repercusiones de gran calado en el transporte, especialmente en el ligero.
Un estudio del Consejo General de Economistas estima que los impuestos medioambientales recaudan principalmente de la energía y menos el transporte, en una tendencia que parece ir hacia un incremento marcado por la Unión Europea.
La OCDE pide que la Administración incremente los impuestos medioambientales para, junto con otras medidas, equilibrar un sistema tributario que depende en gran medida de los impuestos al trabajo.
El pago por distancia recorrida, a través de peajes o medios electrónicos, o los recargos por acceder al centro de las ciudades, pueden ayudar a compensar los efectos negativos del transporte.
En las comunidades en las que se aplicaba un tramo autonómico igual a cero, como Castilla y León, Navarra, La Rioja, Cantabria y el País Vasco, el precio ha repuntado en 5,8 céntimos.
En Madrid, el impuesto se verá incrementado en 3,1 céntimos por litro, aunque el verdadero efecto negativo lo sufrirán los turismos y vehículos de menos de 7,5 toneladas.
La administración gala no quiere poner en peligro la unidad nacional, por lo que abrirá un periodo de diálogo sobre las medidas planteadas, que se extenderá hasta el mes de marzo.
La nueva tasa se empezará a aplicar el 1 de enero de 2019 y supondrá un aumento de 6,5 céntimos de euro por litro para el gasóleo y de 2,9 céntimos por litro para la gasolina.
El Ejecutivo no ha mencionado en ningún momento a los autónomos o pymes que necesitan utilizar sus vehículos en el desarrollo de su actividad, como sucede en áreas de actividad como la construcción.
El dinero recaudado por el aumento de los impuestos sobre el combustible diésel se configura como uno de los elementos clave para que el Gobierno pueda cuadrar sus cuentas para 2019.