En un informe, encargado por la Fundación Francisco Corell en 2011, ya se advertía la ilegalidad de este impuesto y su perjuicio para la productividad y competitividad del sector del transporte por carretera.
Los consumidores que quieran exigir el reintegro del impuesto deberán aportar a la Agencia Tributaria las facturas de los distintos repostajes, con el desglose de los litros consumidos y el detalle del impuesto devengado.
Las cifras totales a reclamar, correspondientes a los últimos cinco años, por cada vehículo de transporte pueden alcanzar los 16.000 euros en el caso de un camión y de 14.000 euros en el caso de un autobús.
Las federaciones de la sección de mercancías del Comité Gallego de Transporte quieren mostrar así su rechazo al incremento del tramo autonómico del impuesto sobre el gasóleo que ha anunciado el gobierno autonómico.
Este dictamen no prejuzga el sentido de la sentencia, por lo que deberá ser ratificado por la Corte de Luxemburgo en los próximos meses, aunque conviene recordar que en el 80% de los casos el fallo final suele coincidir con el dictamen previo.
La Federación de transportistas además señala que, el precio final en los carburantes, les obliga a repostar en otras Comunidades Autónomas, lo que al final acaba representando un perjuicio para las gasolineras madrileñas.
El Gobierno ha incluido en el Proyecto de Ley General de Presupuestos para 2012 una disposición final mediante la cual a partir del 1 de enero de 2013 se deroga el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos.
Uniatramc, la Unión de Autónomos del Transporte por carretera y Mar que está relacionada con UGT, asegura que el mes en el que lleva activo el céntimo sanitario en Castilla y León, unos 600 transportistas del Bierzo han aprovechado sus viajes para repostar fuera de su comunidad.
El gasóleo profesional continúa vigente aunque la cantidad anual a devolver haya quedado reducida a 50 euros/año. Los transportistas beneficiarios del gasóleo profesional están obligados a declarar a la Agencia Tributaria los kilómetros anuales antes del 31 de marzo.
La medida, en opinión de la CETM, ería una carga más para un sector que, sumido en una profunda crisis, ya viene contribuyendo económicamente a sustentar la sanidad pública a través del denominado ‘céntimo sanitario’.