Esta medida se incluye en el proyecto de implantación de la ITV electrónica, puesto en marcha por la DGT para la sustitución del documento acreditativo expedido en formato de papel.
En total, los datos de Aeca-ITV indican que, durante 2014, el 18% de los vehículos fue rechazado en la primera tentativa al no reunir las condiciones mínimas de seguridad o contaminar más de lo permitido.
El monopolio de las ITV, los peajes en las autopistas y el cobro a los morosos son otros temas que preocupan a los transportistas de la Comunidad Autónoma.
El precio de la ITV para vehículos pesados se ha establecido en 35,10 euros y 36,49 euros para los que transporten mercancías peligrosas, con un recargo de 18,3 euros para los sometidos a control de emisiones y de 8,42 para el control de ruido.
En las inspecciones realizadas en 2013, seis de cada diez defectos graves detectados corresponden a ejes, ruedas, neumáticos y suspensión; alumbrado y señalización y frenos.
La comunidad autónoma de Castilla y León tiene los precios más elevados, seguida de Cantabria en gasolina con catalizador, y de Madrid en el caso de los diésel, única Comunidad donde las tarifas están liberalizadas.
El régimen de concesión administrativa, utilizado en algunas comunidades autónomas, representa una limitación del número de operadores y de su capacidad de competencia e impide que los usuarios accedan a "importantes beneficios".
Esta Directiva europea, que deroga la anterior sobre la misma materia y en vigor desde 2009, establece una periodicidad con condición de mínimos, lo que implica que deja libertad a países como España para mantener la ITV anual, en lugar de cada dos años establecidos como periodo mínimo.
El PAR solicita al gobierno aragonés, una apuesta clara por la Plataforma Logística de Zaragoza, que representa un proyecto clave en el sector estratégico para Aragón, con el desarrollo de las actividades logísticas de la región.