La regulación, que entró en vigor el pasado mes de enero, solo se aplica inicialmente a los transportes que se realicen en el territorio de los Países Bajos.
La normativa austríaca impone a las empresas extranjeras que realizan cabotaje dentro de sus fronteras el pago a sus conductores del salario mínimo vigente en el país.
Los operadores tendrán que demostrar que están pagando a los profesionales el salario mínimo del país, que varía según la antigüedad del empleado, el tipo de vehículo y las funciones desempeñadas.
Los certificados en papel emitidos antes del 1 de enero 2017 seguirán siendo válidos durante los seis meses posteriores y no tendrán que introducirse en el Sipsi.
Se cumplimentará a través del servicio Sipsi, disponible en la página web del Ministerio de Trabajo galo, donde será necesario incluir los datos de la empresa y el representante legal.