Son más de 3.500 empresas marítimas de todo el territorio nacional las que se agrupan en torno a las 84 entidades privadas y 11 públicas que constituyen el Clúster Marítimo Español.
El sector urge la resolución del expediente abierto por Bruselas, que concluirá con la devolución de parte de las bonificaciones aplicadas en la contratación de barcos.
Tras una reunión con las comunidades autónomas autónomas afectadas, patronal Pymar, y sindicatos del sector, el ministro Soria mantiene su intención de presentar antes del 28 de septiembre el recurso contra la decisión de la Comisión Europea.
La comisión encargada de asuntos relativos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), integrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha analizado el recurso que interpondrá el Gobierno español contra la decisión de Bruselas de exigir la devolución de las ayudas del antiguo tax lease recibidas entre los años 2007 y 2011.
La decisión de la Comisión Europea supone reducir dos años las pretensiones iniciales del Comisario Joaquín Almunia que exigía devolver las ayudas desde el año 2005.
El objetivo que el Gobierno ha consensuado es presentar un recurso "muy sólido, con los argumentos jurídicos que hasta ahora hemos estado utilizando", antes de que finalice el plazo el próximo 28 de septiembre.
Para el ministro de Industria, con decisiones como la de Joaquín Almunia, lo único "que hemos conseguido es que la actividad industrial en España y Europa deje de hacerse en nuestro territorio y se relocalice en otros mercados como son los asiáticos".
Este jueves se reúne en Bruselas con Joaquín Almunia un frente común que integran los secretarios generales de CCOO y UGT, el ministro de Industria, Juan Manuel Soria, la patronal de astilleros privados PYMAR y los presidentes de Galicia, Asturias y País Vasco.
El ministro de Industria asegura que expondrá a la CE que los astilleros han actuado desde el respeto a la seguridad jurídica y que la anterior responsable de Competencia avaló en 2009 el sistema español.
De materializarse las pretensiones del Comisario Joaquín Almunia, Adolfo Utor asegura que sería un atentado a la seguridad jurídica española y se podrían solicitar reclamaciones patrimoniales al Estado.