El Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre la 'ultraactividad' de los convenios tras la reforma laboral de 2012, que limitó a un año la prórroga automática de un convenio en ausencia de uno nuevo.
El Supremo exige a la naviera P&O el pago de 11,2 millones, por los adelantos que la Diputación de Vizcaya realizó para las reservas del ferry Bilbao-Portsmouth, que finalmente no se utilizaron por el cierre de la línea.
El puerto esgrimía en su recurso, en primer lugar, que "los inmuebles no estaban sujetos al IBI por hallarse en zona de dominio público marítimo terrestre afecto al servicio público.
El Supremo ha ratificado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por la que se obligaba al puerto a derribar 300.000 m² de terreno ganados al mar y, por consiguiente, las naves instalados en él.
La sentencia de 2011 obligaba al puerto a indemnizar a una empresa que lo había denunciado por daños y perjuicios al no poner en marcha un proyecto que le había asegurado en el año 2000.
Desde la naviera afirman que la retirada por parte de la CNC de la reducción, en un principio concedida, ha supuesto la imposición de una multa de ocho millones de euros por encima de lo que le correspondería.
La demanda del Servicio Vasco de Competencia se produjo tras dos recomendaciones de Asetravi a sus socios en 2005 y 2006 para incrementar el precio de sus servicios en determinados porcentajes.
La sentencia desestimatoria del recurso de casación interpuesto por una empresa cargadora considera competencia desleal la imposición de precios a los transportistas por debajo de costes.