Los empleados llevan meses denunciando retrasos en el cobro de sus salarios, así como los intentos del operador por efectuar los pagos de manera fraccionada.
El Tribunal ha anulado el proyecto por considerar que los espacios logísticos proyectados en el puerto de Cádiz no son proporcionales a sus tráficos actuales.
El Tribunal debe decidir si la plataforma ha de someterse a la intervención administrativa el sector del transporte o está amparada por el principio de libre establecimiento.
Al Supremo no le consta que se haya hecho ninguna obra ni se haya efectuado notificación alguna al respecto, por lo que reconoce el derecho de reversión.