La solicitud de CCOO para declararlo ilegal estaba relacionada con el plus de kilometraje, las dietas y las obligaciones y la responsabilidad de los conductores.
La asociación pide actuar con cautela en relación a los efectos que la sentencia dictada por el TS pueda tener respecto de los miles de restantes reclamaciones por responsabilidad patrimonial.
Con la sentencia conocida este martes, el Tribunal Supremo reconoce la culpabilidad del Estado español, por haber mantenido vigente dicho impuesto durante más de una década, pese a las sucesivas advertencias de las instituciones comunitarias sobre su ilegalidad.
La multa fue impuesta a IHG Logistics, adquirida por Rhenus en el año 2006, por intercambio de datos e informaciones en el mercado del transporte por carretera.
La Audiencia Nacional limitó la aplicación del ERE al ejercicio 2015, pero el Supremo mantiene la vigencia pactada por empresa y sindicatos, hasta el 2017.