Desde la Espo, también han pedido que los puertos sean tratados en el programa como los proyectos transfronterizos, dado el papel que juegan como puertas al comercio internacional.
El Pleno del Parlamento Europeo escenifica el caos que está suponiendo la negociación del Paquete de Movilidad, con intereses nacionales contrapuestos de trasfondo, y que lo llevará a ser retrasado para la próxima legislatura.
La Eurocámara apura su última oportunidad para alcanzar un consenso sobre tres aspectos clave del Paquete de Movilidad, antes de su disolución para dar paso a una nueva legislatura.
El objetivo es instaurar una regulación común en toda Europa, principalmente en lo referido a las normas a seguir, las licencias y las categorías operacionales.
Con esta norma se completa el marco de contingencia de cara al 'Brexit' en el ámbito de los transportes, con la vista puesta en que el Reino Unido establezca regulaciones similares dentro de su territorio en relación con las empresas de la Unión.
El programa europeo fomentará la interoperabilidad y la multimodalidad, para poder desarrollar y modernizar las infraestructuras ferroviarias, de carretera y marítimas.
La Comisión Europea estima que este nuevo marco legal permitirá recuperar los 5.000 millones de euros en ingresos fiscales que se pierden en el sector cada año, cifra que se prevé que alcance los 7.000 millones en 2020.
La posibilidad de financiación se ha elevado desde el 40% hasta el 50% de los proyectos, lo que hará posible agilizar los trabajos que se planteen, para los que se prevé un desembolso de 13.100 millones.
Mientras el puerto de La Coruña ha sido incluido en la red básica y cuenta con un plazo de ejecución para las obras que se extiende hasta 2030, en el caso de Vigo las actuaciones se plantean de cara a 2050.
La Eurocámara podría hacer un último intento antes de que finalice la legislatura por aprobar nuevas normas que regulen el acceso al mercado, la condición de trabajadores desplazados en el transporte por carretera y los tiempos de conducción y descanso.
La Dirección General de Movilidad ha realizado un estudio que demuestra la falta de ubicaciones con estas características en territorio europeo y reclama la puesta en marcha de un número suficiente en los emplazamientos correctos.
Tras obtener la aprobación del Consejo de Ministros de la UE, la Directiva que evitará impagos en los peajes y mejorará la interoperabilidad de los telepeajes encara la recta final antes de su publicación.
Desde Acea, advierten de que debe tenerse en cuenta el tiempo de desarrollo del producto, pudiendo pasar al menos 36 meses antes de su aplicación real.
La propuesta garantiza el derecho a explotar vuelos regulares en condiciones de servicio público hasta el 26 de octubre de 2019, mientras las autoridades nacionales realizan las adaptaciones precisas.
El transporte ferroviario de carga tiene un carácter más internacional, llegando a ser el 50% de los envíos de este tipo, mientras que en el ámbito de los pasajeros, sólo un 6% de los viajes son internacionales.
Entre las principales propuestas, destaca la puesta en marcha de nuevas conexiones desde los puertos irlandeses hacia los franceses, belgas y neerlandeses.
El objetivo es mantener unas condiciones laborales y sociales respetuosas con los convenios nacionales que protegen la actividad de remolque y amarre en los puertos españoles.
Se pretende asegurar la validez de las autorizaciones de seguridad durante un periodo limitado de tres meses, lo que permitiría adoptar posteriormente otras soluciones a largo plazo.